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Novedades en la lucha contra el blanqueo de capitales

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El pasado 4 de septiembre de 2018 entró en vigor la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, operada por el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (UE) 2015/849.
En síntesis, esta reforma, haciendo un guiño a la cada vez más extendida cultura de cumplimiento, perfecciona los procedimientos internos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, y endurece las sanciones económicas a imponer en el caso de infracciones graves y muy graves.
La principal novedad reside en el nuevo artículo 26.bis que introduce la obligación de implementar un canal de comunicación interno de los potenciales incumplimientos de la Ley 10/2010, así como de las propias políticas o procedimientos internos del sujeto obligado. Esta medida, que entronca con los cada vez más necesarios programas de compliance, posibilita que dicho canal se integre en los citados programas de cumplimiento que el sujeto obligado tenga implementados o vaya a implementar. Además, para incentivar la utilización de este medio, la reforma contempla la posibilidad de que las comunicaciones se efectúen incluso de forma anónima y exige a los sujetos obligados que establezcan medidas para evitar represalias frente al denunciante.